Hoy, con poco ánimo y sintiéndome estupefacta e impotente, voy a hablaros de algo curioso. Algo que en España es el "pan nuestro de cada día", algo que en realidad ha hecho que los ciudadanos en España no se hayan levantado exigiendo trabajo, algo que ha mantenido a los ciudadanos de a pie durante esta crisis en la que seguimos encontrándonos por mucho que nos digan que no.

Algo que realmente NO se puede hacer en España pero que si se hace, algo que hasta hoy, yo pensaba que no lo hacían las Administraciones púbicas, pero que con todo el descaro del mundo, me han demostrado que las Administraciones públicas también lo hacen.

O sea, que quien tiene que dar ejemplo, no lo da. Y aunque lo mismo pasa con la corrupción, pensaba que en temas laborales la Administración pública hacía las cosas correctamente, pero no es así.

Hoy vengo hablaros del trabajo en negro o el trabajo en B.

El trabajo en B es aquel que se hace a cambio de un sueldo, nada más. Resulta que eso en España está meramente prohibido, es decir, para que un trabajador pueda tener tal condición, tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y la empresa cotizando sus días de alta que luego aparecerán en su Vida Laboral que utilizará para prestaciones varias que le vayan haciendo falta en un futuro.

Es un estado de protección social, en el que el Estado entiende que por haber contribuido con la afiliación y los pagos de cotización,el trabajador tenga acceso a una serie de prestaciones (llamadas contributivas) para poder subsistir en un momento en el que el trabajador necesite protección por parte del Estado. 

El Estado entiende que si todos los trabajadores cumplen estos requisitos (contribuyen) las arcas podrán soportar el gasto de protección social, y es, por esta razón, por la que el trabajo en B o en negro está prohibido.

La forma de acceder a distintas prestaciones como el desempleo, la invalidez o la jubilación, es a través de los días cotizados de cada trabajador. 

Hay que superar un mínimo de días cotizados para poder acceder a ellas. 

¿Cuál es el problema que se encuentra el Estado? pues que muchas empresas privadas dan de alta al trabajador menos tiempo del que realmente está trabajando, por lo que el trabajador echa más días de trabajo que días cotizados tiene realmente.

El Estado lucha contra esta economía sumergida que hace que el empresario se ahorre un dinero en seguros sociales.

Se supone que nuestro Estado da facilidades con distintos tipos de contratos y bonificaciones cuando se trata de trabajadores en riesgo de exclusión social a las empresas que contratan a estas personas para promover el empleo digno y de calidad y acabar así con la economía sumergida (que tiene más trasfondo de lo que os estoy contando)

Lo increíblemente alucinante, lo que me deja atónita es que sea la misma Administración pública la

Lo que me deja sin palabras es que sea la misma Administración pública la que hace algo mal e ilegal y que no haya remedio. 

Si esto lo hace una empresa privada, el empresario se puede meter en un lío, con sanciones y pleitos y se le puede llamar cacique o déspota. Pero si lo hace una Administración pública pueden pasar dos cosas:

Y se queda ese trabajador con los días que ha trabajado sin reflejar en su vida laboral, y luego, cuando vaya a pedir la jubilación le contarán los días que tiene cotizados...

Amigos siento que el post de hoy sea una queja, pero siento que debe ser leído por cuanta más gente mejor, porque veo que al final, la Administración se lava las manos ante hechos que juzga pero con los que luego no comulga.

Hasta el próximo miércoles ;)